PRIMAVERA

La noche de los tiempos más oscuros de la historia de las España, ha dejado un rastro de dolor, que hoy en día lloramos con lágrimas de sangre. La esquizofrenia conlleva cierto misterio, encierra miaja de enigma. Y, a veces, causa extrañeza y sonrojo: es un dos en uno. Es lo que está ocurriendo con los jueces y la justicia en el Estado español. Desde hace tiempos, con Franco y con la llamada democracia, eso de las intervenciones telefónicas, y no digamos la vulneración del derecho de defensa de los imputados, la vulneración del derecho a no declarar contra sí mismos, la vulneración del derecho a no declararse culpables, la vulneración del derecho a un proceso público con todas las garantías. Que esta pasando en este país, que uno de los pocos jueces que se ha comprometido a sentar en el banquillo de los acusados, a aquellos que se levantaron en armas contra un gobierno legalmente constituido por las urnas. En estos últimos días se han producido, desde las instituciones del Estado, dos hechos infames contra las víctimas de la represión franquista, que no han levantado la reprobación que tales hechos merecían, ni en los medios de información ni, desgraciadamente, tampoco desde la sociedad civil y los colectivos memorialistas. El primero es la decisión de la Junta de Fiscales de Sala, de este jueves 25 de marzo, considerando que no es necesario presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para anular el juicio sumarísimo en el que se condenó a muerte al presidente de la Generalitat, Lluis Companys. El segundo es el acto oficial celebrado el viernes 26 de marzo, con la presencia de la Vicepresidenta primera del Gobierno y el ministro de Justicia y la ministra de Cultura, para entregar la "Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal" a Lucía Izquierdo y María José Hernández, nuera y nieta del poeta Miguel Hernández, dos días antes de cumplirse los 68 años de su muerte en una cárcel de Alicante. Es evidente que en los dos casos se busca dejar definitiva e institucionalmente cerrada la perspectiva de anular las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura franquista contra los que luchaban por las libertades que hoy se proclaman constitucionales. En el primer caso, sirviéndose de una Institución que se presta a hacer una actuación no admisible, puesto que no es el Fiscal sino un Tribunal el que debe dictar si hay o no nulidad. Y en el segundo, directamente desde el Gobierno, pues es la Vicepresidenta Primera que se hace la foto entregando esa cobarde e infame "Declaración" a la nuera y a la nieta del poeta. "Declaración" intrascendente, porque se limita a decir que Miguel Hernández "ingresó injustamente en prisión y fue condenado a muerte en virtud de una sentencia dictada sin las debidas garantías por el ilegítimo Consejo de Guerra". Hay que seguir denunciando esta cobarde claudicación moral y política, y aún más cuando los partidarios del carpetazo tengan la indignidad de querer hacernos pasar gato por liebre. Como lo han intentado con la decisión de la Junta de Fiscales de Sala, negándose a presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Supremo para anular el juicio sumarísimo en el que se condeno a muerte a Companys, La Ley de Memoria Histórica, Una norma que permite recordar "la memoria", pero que no anula las sentencias franquistas, sentencias que siguen vigentes y pesan "como una losa" sobre las víctimas de la represión franquista y sus familiares. Hoy en día cuando toca el himno de los granaderos, lo acepto tal cual, pero cuando suena el himno de Riego se me ponen mis vellos de punta, lo siento en el corazón. No nos olvidemos nunca que en la primavera de 1931, el día 14 de abril se dio unas de las democracias más avanzada de aquella época.