Pablo Iglesias recomendaba a los afiliados del PSOE: "Para los cargos públicos, elegid a los mejores y más capacitados y vigiladlos como si fuesen canallas". La forma de la selección de los candidatos de los partidos políticos en las diversas elecciones es la piedra de toque para saber si son democráticos o no. En España el artículo 6 de la Constitución establece que 'su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos', afirmación que en la práctica no se cumple de forma generalizada en ningún partido. El escándalo no está en que Zapatero proponga a su ministra de Sanidad en perjuicio del ex alcalde de Parla, sino en que ninguno de los dos se haya sometido a un procedimiento democrático para reclamar la posición que ambos consideran como propia. Otro, tan o más llamativo, podría ser el de Alberto Ruiz Gallardón. Con el paso de los años, el perfil socialista y populista del alcalde de Madrid no ha dejado de acentuarse, hasta el punto de insultar –a través de su correveidile– a compañeros de su partido y alabar a los de la formación presuntamente opuesta. El otro día, sin ir más lejos, se posicionó al lado de Rubalcaba y en contra de Jaime Mayor Oreja. No hace falta ser un reputado analista político para darse cuenta de que la postura de Gallardón supone todo un insulto contra el militante y simpatizante medio de su partido, pese a lo cual el alcalde de Madrid tiene su sillón perfectamente asegurado gracias a la ausencia de primarias internas y de listas abiertas. El votante del PP se ve siempre obligado a ponderar entre el rechazo que le genera Gallardón y el apego que siente hacia su partido, balanza que suele inclinarse hacia la fidelidad partidista.
Esta Claro que hay que reformar tanto la Ley Orgánica de Partidos Políticos de 27 de junio de 2002, como la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos de 4 de julio de 2007, para establecer que todos los partidos políticos deberán elegir democráticamente a sus candidatos, mediante primarias u otros sistemas que eviten las 'alcaldadas', sin lo cual no tendrían derecho a la financiación que les otorga el Estado. Esto es, si los ciudadanos somos los que pagamos en parte a los partidos políticos, es lógico que les exijamos que funcionen democráticamente, y que elijan a los que serán nuestros representantes con transparencia y métodos democráticos.
Entradas
