2004 fue el año en que terminó el gobierno de José María Aznar, quien resumía su política económica con el lema "España va bien". Defendía la tesis de que el modelo de crecimiento basado en la expansión inmobiliaria era el camino a la riqueza y el bienestar."Todos, como sociedad, les planteamos a muchos jóvenes el dilema de seguir estudiando y no cobrar nada, o dejar los estudios e incorporarse al mercado de trabajo cobrando unos sueldos altísimos", le dijo a BBC Mundo Jordi Roglá, director de Cáritas Barcelona.Cuando revienta la crisis en 2008, se desmorona el modelo de crecimiento español y estalla la burbuja inmobiliaria, el país acaba con millones de jóvenes que no terminaron sus estudios secundarios y formados únicamente para trabajar en una industria que ya no existe.El gobierno actual, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce que ante la crisis reaccionó tarde (y mal, según sus críticos). Además, ha sido forzado por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a aplicar un programa de ajustes que afecta, principalmente, el gasto social.El gobierno español, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, reconoce que reaccionó tarde ante la crisis."La reducción del gasto significa una importante pérdida de ingresos reales para pensionistas, desempleados y empleados públicos, con lo que el nivel de pobreza en todos estos colectivos va a aumentar", le dijo a BBC Mundo Josep González Calvet, del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona.González Calvet explica que si bien en España es bajo el índice de pobreza absoluta (personas sin vivienda, ni comida, ni vestido), el nivel de pobreza relativa es "considerable" para una sociedad occidental.Una pobreza que a finales de este 2011 podría afectar al 22% de los españoles. El porcentaje se eleva hasta 25% si hablamos de niños y podría llegar hasta un 30% en los próximos años entre los jubilados y quienes cobran una pensión del estado.
Personas que hace unos años tenían una vida relativamente estable, acuden cada vez más a pedir comida en instituciones de beneficencia. El problema, advierten los expertos, seguirá creciendo.La caída del sector inmobiliario dejó en la pobreza a miles de personas.El perfil del "nuevo" pobre es un hombre español, menor de 40 años y que trabajó en la industria de la construcción. De obtener buenos ingresos trabajando por su cuenta, pasó a depender de un subsidio y a acudir a instituciones de beneficencia para comer.Este retrato, hecho por Cáritas (la organización humanitaria de la iglesia católica) en base en datos estadísticos, es solo una manera de "personalizar" los efectos de la crisis en España, ilustrar el crecimiento de la pobreza y explicar las causas del fenómeno.Pero cuando Juan un joven de las afueras de Castelllon- aceptó conversar con BBC Mundo sobre su situación actual y compararla con su vida de hace unos años, descubrimos que su relato encaja casi perfectamente con el perfil estadístico."Yo trabajaba en construcción, era autónomo (trabajador por cuenta propia) y tenía contratos con empresas multinacionales. Hacía unos 3.000 euros al mes (US$4.350) y si cogía vacaciones, era un par de semanitas en agosto porque había mucha faena", cuenta.Eso fue en 2004. Juna tenía 24 años, era soltero y sus ingresos eran superiores a los de casi cualquier profesional universitario. En medio de esa situación, no le costó mucho que un banco le aprobara una hipoteca."Pagaba 1.200 euros (US$1.700) al mes por la casa, además de la cuota de trabajador autónomo y otros impuestos", recuerda Juan, sentado en la sala de su apartamento de cuatro habitaciones. Llegó 2009 y las empresas con las que Juan tenía contratos dejaron de llamarlo. Tuvo que dejar de pagar la tasa como trabajador autónomo (unos 250 euros al mes) y se fue a probar suerte en Andalucía, lejos de su esposa y sus padres."Estuve nueve meses, pero cuando se acabó el trabajo allí también, tuve que regresar", recuerda.Tuvo que hacer un arreglo con el banco para que le dejaran pagar solo los intereses de su deuda y comenzó a recibir un subsidio de desempleo, del que solo le quedan 30 euros (US$43) después de pagarle al banco.El movimiento de los indignados ha sido el principal reflejo del descontento que se vive en España."El internet y el teléfono, que los necesito para buscar trabajo, me los pagan mis suegros", explica. Para alimentarse han tenido que recurrir a una obra de beneficencia, que les entrega un paquete de alimentos cada tres semanas.Yo siempre he sido bastante independiente, estoy acostumbrado a resolvérmelo todo yo mismo. Nunca me imaginé que tendría que ir a pedir comida. Les estoy muy agradecido, pero nunca pensé que yo iba a necesitar que me dieran de comer", dice.Y mientras no encuentra trabajo, tampoco ha tenido suerte con los cursos de formación para desempleados que financia el gobierno. "Comencé un curso de Técnico Asistente Sanitario, pero nos faltó un módulo y las prácticas. Ahora dicen que no hay dinero para completarlo".
En 2008, año en el que la crisis comenzaba a despuntar, los bancos españoles embargaron sus viviendas a 60.000 familias por falta de liquidez. Eso llevó a que 180.000 personas perdieran sus hogares y se quedaran sin techo.Ese mismo año, las mismas entidades bancarias prestaron 44 millones de euros a los partidos políticos para financiar sus campañas electorales. Mientras familias enteras se quedan en la calle, perdiendo todas sus propiedades por no poder afrontar la crisis, los partidos siguen debiendo alrededor de 145 millones de euros a los bancos por diferentes préstamos.Mientras los partidos políticos siguen manteniendo deudas de millones de euros a los bancos, el número de desahucios sigue creciendo. El año pasado, España batió su cifra récord en embargos, alcanzando los 195.050. Un dato alarmante, más aún, cuando las estadísticas señalan que podría triplicarse a lo largo de 2011, ya que el crédito problemático de la construcción asciende hasta los 181 billones de euros.Además de ver sus viviendas embargadas, tienen que seguir manteniendo a la clase política con sus impuestos, como el resto de ciudadanos españoles. Parte del sueldo logrado por el sudor de su frente, se va en impuestos dirigidos a mantener a 8.112 alcaldes, 65.896 concejales, 1.206 parlamentarios autonómicos, 1.031 diputados provinciales, 650 diputados y senadores, 139 responsables de Cabildos y Consejos insulares y 13 consejeros del Valle de Arán. Muchos de ellos con sueldos y prebendas de escándalo.
Entradas
