Las elecciones del proximo 20 de noviembre coinciden con el aniversario de la muerte de Franco, y así lo recuerdan desde su anuncio unos y otros medios de comunicación, como anécdota o como fecha posiblemente elegida con intencionalidad.,Sin embargo, pocos saben que ese día también se conmemora el nacimiento de Víctor d’Hondt, el jurista belga que elaboró el sistema de reparto de escaños empleado en el sistema electoral. Un sistema electoral que en España ha perpetuado el bipartidismo y que volverá a legalizar el pucherazo del próximo 20 de Noviembre, en el que unos votos volverán a valer más que otros.
El acto de entrega del escrito del 15M por Gaspar Llamazares a José Luis Rodríguez Zapatero, no pasa de ser un acto simbólico a juicio de Lara, quien ha insistido en remarcar que la intención de IU no es protagonizar ni liderar el movimiento del 15M, sino "servir de canal para que las demandas del movimiento puedan convertirse en poder dentro de las intstituciones para desde ahí cambiar esa realidad que no les gusta a ellos, ni a IU ni a mucha otra gente". El bipartidismo en España se ha demostrado que es un fracaso para la economía, para el estado de bienestar, para la defensa de lo público, y ha generado corrupción de una manera importante, muchas personas han reflexionado. También han negado que tema que los votos de la izquierda se dispersen y, aunque se ha señalado que la atomización es mala, han considerado que vienen tiempos donde la gente va a buscar refugio en las organizaciones que tengan peso, que tengan solvencia, que tengan seriedad, que tengan propuesta concreta alternativa.
Las elecciones van a desarrollarse bajo una Ley Electoral escandalosamente antidemocrática. Pero hay otro gravísimo recorte democrático fabricado por el PSOE y el PP, con el apoyo de CiU y el PNV que ha pasado inadvertido durante estos meses. Se trata de una reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ( LOREG), aprobada mediante Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero por la que, entre otros cambios menores, se introduce la obligación para todos los partidos y coaliciones que no tengan representación parlamentaria de recoger el 0,1% de las firmas de las personas con derecho a voto en cada una de las circunscripciones por las que se quieran presentar. Todo el procedimiento se agrava porque, según la doctrina de la Junta Electoral Central (JEC), no se puede proceder a la recogida de firmas antes de que se inicie el proceso electoral y estas deben estar convenientemente acreditadas ante un Notario o fedatario público. Es decir, una candidatura que se quisiera presentar en las 51 circunscripciones del Estado español debería recoger más de 35.000 firmas, convenientemente ponderadas por provincia y acreditadas con la copia del DNI, y presentarlas en el periodo comprendido entre el 27 de septiembre, fecha oficial de convocatoria de las elecciones, y el 17 de octubre, plazo límite para la presentación de candidaturas ante la JEC. Para organizaciones con medios materiales modestos la barrera se antoja infranqueable. En realidad, esta medida busca excluir de la participación electoral a un sector significativo de la ciudadanía que no se identifica con los actuales partidos parlamentarios, bloqueando así la aparición de nuevas alternativas y nuevas formas de hacer política frente a los aparatos profesionales que controlan el Parlamento. Cuando el movimiento del 15-M pide una reforma en un sentido más proporcional de la Ley Electoral, los partidos mayoritarios, en la práctica, añaden nuevos e intolerables recortes del derecho de participación política.
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