El
Ministerio de Hacienda ha creado un impuesto estatal sobre depósitos de
clientes en entidades de crédito a tipo cero para evitar que las comunidades
autónomas puedan aplicar uno propio, dado que dos administraciones no pueden
gravar el mismo hecho imponible. Así, a partir de este martes las comunidades
que ahora aplican este impuesto (Extremadura, Canarias y Andalucía) deben dejar
de hacerlo y, por ello, deberán ser compensadas por el Estado por la pérdida de
recaudación de acuerdo con la ley de financiación de las comunidades autónomas.
A pesar de que este nuevo tributo no tendrá efectos recaudatorios, el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno estudia revisar el
impuesto en 2013 y establecer un tipo mínimo que grave realmente los depósitos
bancarios, al tiempo que también está en análisis la posibilidad de crear,
también en 2013, un impuesto a las transacciones financieras, en línea con el
aprobado en Francia y que grava la compra de acciones de compañías con una determinada
capitalización bursátil. El poder adquisitivo de los trabajadores se resiente
cada vez más, a lo que el Gobierno ha respondido con aumentos de impuestos
directos e indirectos, bajadas de sueldo a los trabajadores públicos y una
tímida subida del Salario Mínimo Profesional (SMI) del 0,6% y otra de las
pensiones de un 1% de forma general y un 2% a todas aquellas que se
materializan en una prestación mensual inferior a los 1.000 euros. La luz
aumenta un 3% este año para los hogares y las pequeñas y medianas empresas, con
la excusa de la subasta de energía. A ello hay que sumar la entrada en vigor
del nuevo mecanismo de peajes progresivos de la electricidad destinado a
potencias superiores a los 3 KW, que conlleva encarecimientos del recibo de
entre el 3% y el 7%, según las asociaciones de consumidores. La compra de
vivienda nueva dejará de estar gravada con el tipo reducido del 4% y pasara al
10%, mientras que también se modifican otros impuestos indirectos, como el del
tabaco, en el que se establece un sistema de "doble impuesto mínimo",
del tal forma que la cajetilla de 20 cigarrillos que se vendan por debajo de
3,77 euros serán gravadas con una fiscalidad mayor. La reforma de la
Administración pública es un proyecto que puede salir en cualquier momento del
cajón del Gobierno. Ese asunto está incluido en el programa electoral que el PP
presentó en las elecciones de noviembre de 2011 y en su Plan Nacional de
Reformas. De momento, lo que ha hecho el Gobierno es crear una Comisión para la
Reforma de las Administraciones Públicas. Esa comisión, integrada al menos por
cuatro subcomisiones y adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, trabajará hasta el 30 de junio de 2013 recogiendo informes y datos
sobre la situación de las Comunidades Autónomas y sus necesidades de adelgazamiento.
Al Gobierno le toca en 2013 terminar de regular y desarrollar la reforma de las
pensiones que impulsó el PSOE y que entra en vigor este 1 de enero. La medida
contempla retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años de forma gradual
entre 2013 y 2027. Pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Mariano
y su equipo se plantean una nueva y profunda reforma del sistema de pensiones. A
pesar de que la Conferencia Episcopal, los colectivos pro-vida y algunos
miembros del PP siguen pidiendo la abolición total del aborto, el Gobierno de Mariano
no se atreverá a tanto. Pero lo que plantea el Ejecutivo es una contrarreforma
en toda regla, un verdadero retroceso de 30 años.
El
gobierno de Rajoy se empeña en sostener la gran mentira que supone afirmar que
realiza una política de austeridad que puede llevar a resolver el problema de
la deuda y generar más actividad cuando la realidad es que así solo se consigue
debilitar los servicios públicos para facilitar más tarde su privatización.
Nada se va a ahorrar con esos recortes. Sabemos a ciencia cierta que provocarán
una subsiguiente caída de la actividad que disminuirá aún más los ingresos y
que, cuando se privaticen, los servicios serán más caros no solo para los
usuarios sino para las administraciones públicas, tal y como ya ha ocurrido en
otros países. Ni tampoco se va a conseguir que disminuya la deuda desmantelando
las fuentes de generación de ingresos, no ya a medio y largo plazo sino incluso
a corto, porque la deuda sube como la espuma por la suma ingente de intereses
que van a la banca privada y por la caída de ingresos, y no solo porque haya
más gastos corrientes. En este año de continuas políticas de recortes
constantes no solo se han cercenando derechos sociales y personales. Con ellas,
a Rajoy le cabe el triste mérito de haber llevado a España a ser la sociedad
más desigual de la eurozona, demostrando así que el resultado efectivo de sus
políticas no es otro que devolver a los grupos oligárquicos los pocos
privilegios conseguidos en el franquismo.
Nos hace falta impulsar una primera “ruptura”
que deshaga los nudos políticos, económicos y sociales que dejó atados y bien
atados la farsa de la transición que estaba unida a los nudos políticos del
franquismo
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