La
crisis económica tiene graves impactos en la pobreza y la
desigualdad, y se observa, a pesar de los escasos datos, un deterioro
de la seguridad alimentaria. La Comunidad de Canarias calcula que
12.000 niños se dieron de baja de los comedores escolares. En
Cataluña, según Cruz Roja Española, el 38 por ciento de las
familias en situación de vulnerabilidad no se pueden pagar ese
servicio. De hecho, el Defensor del pueblo de Cataluña alertaba
sobre la cifra de 50.000 niños catalanes con carencias alimentarias
en 2011 y 751 niños tratados con síntomas de desnutrición en los
seis primeros meses de 2013.
En
España: las familias afectadas por la crisis y las políticas de
austeridad. En nuestro país, uno de cada cuatro españoles está en
situación de pobreza y riesgo de exclusión. Los datos del Instituto
Nacional de Estadística muestran que un 3 por ciento de los
españoles vive con carencias alimentarias (no tienen para poder
comer carne ni roja ni blanca), un 3,5 por ciento en el caso de los
mayores de 65 años. En 2011, una encuesta realizada por Oxfam
indicaba que el 46 por ciento de las familias habían modificado sus
hábitos alimentarios a consecuencia de la crisis económica y UNICEF
alertaba que un 44,5 por ciento de los niños de 6 a 9 años en
España tenían problemas de obesidad o sobrepeso, características
que se relacionan con una dieta barata e insana. Han habido un
aumento rápido de las ayudas alimentarias a través del Plan Europeo
de ayuda a las personas más necesitadas, a través de los Bancos de
Alimentos y de las organizaciones sociales. Entre el 2007 y 2013,
casi se ha duplicado la asignación económica: de 50,3 millones de
euros y menos de 890.000 beneficiarios en 2007 a 85,6 millones de
euros destinados a cubrir las necesidades de más de 2 millones de
personas en 2013. Las personas necesitadas siguen creciendo, cada
día se ven más necesitados, las ayudas que llegan de Europa no dan
abasto ante tanto necesitad@s, si no
fuera por la solidaridad de los particulares y de algunas empresas
del sector privado, se notaria con total claridad el abandono de
estas personas por el Gobierno del Estado Español.
Los
derechos sociales subrayarían la necesidad de unos recursos y
atenciones que nos debemos proporcionar recíprocamente en un
determinado contexto y que se consideran especialmente protegibles.
Estos derechos vendrían a garantizar la cobertura de esas
necesidades especialmente valiosas para los miembros de la
colectividad. En el Estado
español los
Servicios Sociales adolecen de un marco legal general para toda la
población residente, a diferencia de los sistemas sanitario y
educativo y la Seguridad Social. La prestación de los Servicios
Sociales básicos corresponde a las Corporaciones Locales pero las
competencias de los mismos son de las Comunidades Autónomas.
El
Plan Concertado de Prestaciones Básicas para los Servicios Sociales
de las Corporaciones Locales establece las prestaciones básicas, que
serán desarrollados por las leyes de las Comunidades Autónomas, y
que incluyen compromisos de gestión, económicos, de información y
de asistencia técnica. Esas han sido las fuentes fundamentales para
la construcción de las estructuras básicas del sistema de servicios
sociales Por lo tanto, los Servicios Sociales no son derechos
subjetivos reclamables judicialmente y la satisfacción de la demanda
de los mismos es discrecional y se ve supeditada a que exista
presupuesto. El sistema se encuentra en plena crisis por la decisión
unilateral del actual gobierno del partido popular de reducir las
transferencias y dotaciones a las comunidades autónomas para su
desarrollo. Según el Consejo General del Trabajo Social, el Plan
Concertado para el ejercicio 2012 ha sufrido un recorte del 42,4 %,
ha pasado de 86.633.150 € a 49.913.840 €. Esto ha supuesto la
desaparición de 12.265 puestos de trabajo del Sistema de Servicios
Sociales, la eliminación de 582 Centros. La Ley de Autonomía
Personal y Atención a las Dependencias -Ley 39/2006- nació con
pretensiones de universalidad y de reconocimiento de derechos
subjetivos, justificada en la competencia del Estado para regular las
condiciones básicas en aquellas materias que guardan una relación
directa o indirecta con los derechos reconocidos en la Constitución
en su artículo 149. De modo que estamos ante el único derecho
social subjetivo y universal junto con las pensiones no
contributivas, que puede ser reclamado en instancias judiciales y que
se atiende para toda la población residente en el Estado
español.
Pero la Justicia no es ya gratuita. Que vergüenza.
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