Aunque se entiende que los gobiernos municipales no tienen la
potestad de poder cambiar las leyes, sobretodo, las generadas del uso
del suelo urbano y de lo que conlleva en relación con las viviendas.
Es hora ya que en Benicarló se constituya una empresa municipal de
vivienda en régimen local.
Un servicio público de vivienda en alquiler
permitiría a muchos ciudadanos vivir dignamente sin esfuerzos
económicos desmedidos para pagar la vivienda, contribuiría a crear
ciudades equilibradas social, económica y
urbanísticamente, y permitiría cuidar mejor el
medio ambiente, se podría asegurar hoy por hoy que generaría
externalidades positivas desde el punto de vista
económico, al permitir que las generaciones sin asfixia hipotecaria
puedan disponer de recursos destinados a actividades productivas, al
favorecer la movilidad geográfica y profesional, al reorientar
inversiones hacía sectores económicos de valor añadido superior al
de la construcción, o al poner a la economía a cubierto de crisis
inmobiliarias de carácter cíclico. Hay que acabar de
una vez con la especulación de las subastas en el momento que se
aplica la ley hipotecaria en vigor (Ley totalmente injusta, puesto
que no se puede aplicar la dación en pago, puesto que muchos
ciudadanos no pueden hacer frente a sus deudas hipotecarias, debido a
la crisis y a la perdida de su puesto de trabajo). Las entidades
financieras que reciban cualquier tipo de ayuda pública la dación
en pago y el alquiler social sean soluciones para las familias que,
como consecuencia de la crisis, no puedan hacer frente a sus deudas
hipotecarias, el Gobierno socialista modificó la Ley de
Enjuiciamiento Civil para elevar del 50% al 60% del valor de tasación
el precio mínimo por el que las entidades financieras u otros
interesados pueden adjudicarse las viviendas que salen a subasta
pública por impago de hipoteca y en las que no hay postores. El
objetivo era "aliviar" la deuda pendiente de los ciudadanos
tras ser desahuciados. Dado que la ley permite adjudicarse el
inmueble ley por el 50% de la tasación siempre que se mejore la
oferta de otro aspirante, bancos y cajas
siguen adjudicándose vivienda por la mitad del
valor de tasación porque hacen que sus sociedades filiales concurran
a la subasta y pujen por la vivienda una cantidad inferior por el
inmueble, sin importarles el perjuicio ocasionado a las personas
desahuciadas". Esta práctica, además de burlar el espíritu de
la reforma y ser una incongruencia legal, evidencia una vez más la
mala praxis de las entidades financieras españolas que una vez más
hacen de la crisis un negocio redondo. Todos los ayuntamientos
inclusive el ayuntamiento de Benicarló tiene que hacer la debida
presión para hacer posible dentro del ejecutivo de turno en el
gobierno central (a menos que las comunidades autónomas se
convirtieran en ESTADOS FEDERALES) reformas legislativas necesarias
para evitar que, en caso de la subasta de viviendas que constituyan
el domicilio habitual del deudor, no se pueda producir la
adjudicación a un tercero ni al acreedor ejecutante si la postura no
cubre como mínimo el 80% del valor por el que fue tasada la vivienda
en el momento de la concesión del crédito con garantía
hipotecaria.
Si esto se puede cambiar por un alquiler social donde el
administrador sea una empresa municipal dependiendo directamente de
la concejalia de urbanismo, podremos tener en Benicarló como en
otras ciudades un ayuntamiento social, donde no solo es una mera
herramienta administrativa de recaudación de fondo y sus
administrados se vean reflejado en el mismo