Este Gobierno quiere
imponer la medida consiste en vincular las alzas salariales de las empresas
contratadas para realizar obras o servicios públicos al incremento salarial de
los empleados públicos, quienes tienen negado el derecho a la negociación
colectiva y cuyo salario impone unilateralmente el gobierno, siempre a la baja
y con constantes pérdidas de poder adquisitivo (tras varios años de reducción o
congelación de los salarios en el sector público, para este año el incremento
ha sido del 1%, cuando la inflación prevista es del 3%). Con ello, además de
profundizar en la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y de
los pensionistas ya impuestos, el gobierno pretende generalizarlo al conjunto
de la clase trabajadora. Ni que decir tiene que, ante esta situación, es de
absoluta urgencia para la clase trabajadora -en activo, en paro o pensionista-
la exigencia de cláusulas de revisión salarial, dentro del marco de lucha
contra las contrarreformas laborales, para impedir que la patronal y su
gobierno se sigan saliéndose con la suya,
tarea que deberá desarrollar el sindicalismo de clase y combativo y la
base trabajadora, la lucha de clases cada día está más vigente en todas las Nacionalidades Ibéricas.
Ha transcurrido casi
cuatro años desde que se nombró el vocablo desindexación en el acervo de
términos mediáticos, el Ejecutivo ha aprobado el último eslabón para tratar de
desligar, por ley, la actualización de la vida con el IPC. Este último consejo
de ministros ha dado el visto bueno al Real Decreto que pone en marcha la forma
de implementar la Ley de desindexación que se aprobó ya en 2015. Han sido meses
de tiranteces con los actores implicados, hasta esperar a la subida de los
precios un 3% este enero para sacar del cajón la entrada en vigor de la ley.
Esta
lo que MANIFIESTA de forma general es que no se imponga una actualización
automática en casi nada dentro del espacio público y deroga cualquier situación
en la que se previera una revisión ligada al IPC. Solo exceptúa tres
cuestiones: las pensiones, la deuda y la negociación salarial, esto es, los
sueldos que se pactan entre trabajadores y empleador. Las pensiones, por
ejemplo, se actualizan de forma automática con el factor de sostenibilidad y
eso se respeta con la nueva ley. El espíritu de la
norma es el de intentar superar al IPC como principal referencia para
actualizar una renta, un contrato o un precio público. España tiene una
inflación más elevada históricamente que el resto de países vecinos y el
Ejecutivo se lo achaca a la espiral que conforma la subida de los precios con
la subida de los salarios. Como el ejecutivo no puede imponer qué referencia se
ponen en contratos privados, acota el efecto de la ley al espacio público con
una pequeña excepción: un tope en los costes atribuibles a la mano de obra que
regulará en una segunda derivada la negociación colectiva en algunos sectores,
especialmente en el de la construcción. En 2016 la subida salarial pactada para
los funcionarios fue del 1%. De haber estado en vigor esta ley, una empresa no
hubiera podido aducir que sus costes salariales han subido un 2% en ese
ejercicio para actualizar su contrato. En este caso, el 1% es el tope a
aplicar. No hay prohibición, por tanto, de que la empresa ligue al IPC la
subida de las retribuciones de su plantilla. Pero sí de que no traslade a un
contrato público este encarecimiento de la mano de obra. Esta excepcionalidad
ya estaba recogida en el borrador que se elevó hace ya más de un año a
consultas y que tiene en pie de guerra a los sindicatos, que entienden que es
una injerencia en la negociación
colectiva al impedir a las empresas fijar sus propias subidas salariales. El
Consejo Económico y Social (CES), uno de los principales órganos consultivos
del Estado, fue especialmente duro con este criterio, ya que entiende que la
formación de salarios en el sector público y en las empresas privadas no está
motivada por las mismas cuestiones ni puede ser pactada con los mismos
parámetros.
Lo tenemos claro, no
tienen mayoría absoluta, pero actúan como si la tuvieran. Cuando se presentó a
la investidura el actual Presidente de
Gobierno, unos por apoyarlos con su voto y otros por consentirlo con su abstención,
nos han metido en este barrisal, hubiera sido más coherente haber tenido nuevas
elecciones, no nos llamemos a engaños, para que funcione España este gobierno
nunca debería de haber existido.
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