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sábado, 4 de febrero de 2017

DESINDEXACIÓN

Este Gobierno quiere imponer la medida consiste en vincular las alzas salariales de las empresas contratadas para realizar obras o servicios públicos al incremento salarial de los empleados públicos, quienes tienen negado el derecho a la negociación colectiva y cuyo salario impone unilateralmente el gobierno, siempre a la baja y con constantes pérdidas de poder adquisitivo (tras varios años de reducción o congelación de los salarios en el sector público, para este año el incremento ha sido del 1%, cuando la inflación prevista es del 3%). Con ello, además de profundizar en la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y de los pensionistas ya impuestos, el gobierno pretende generalizarlo al conjunto de la clase trabajadora. Ni que decir tiene que, ante esta situación, es de absoluta urgencia para la clase trabajadora -en activo, en paro o pensionista- la exigencia de cláusulas de revisión salarial, dentro del marco de lucha contra las contrarreformas laborales, para impedir que la patronal y su gobierno se sigan saliéndose con la suya,  tarea que deberá desarrollar el sindicalismo de clase y combativo y la base trabajadora, la lucha de clases cada día está más vigente  en todas las Nacionalidades Ibéricas.
Ha transcurrido casi cuatro años desde que se nombró el vocablo desindexación en el acervo de términos mediáticos, el Ejecutivo ha aprobado el último eslabón para tratar de desligar, por ley, la actualización de la vida con el IPC. Este último consejo de ministros ha dado el visto bueno al Real Decreto que pone en marcha la forma de implementar la Ley de desindexación que se aprobó ya en 2015. Han sido meses de tiranteces con los actores implicados, hasta esperar a la subida de los precios un 3% este enero para sacar del cajón la entrada en vigor de la ley. Esta lo que MANIFIESTA de forma general es que no se imponga una actualización automática en casi nada dentro del espacio público y deroga cualquier situación en la que se previera una revisión ligada al IPC. Solo exceptúa tres cuestiones: las pensiones, la deuda y la negociación salarial, esto es, los sueldos que se pactan entre trabajadores y empleador. Las pensiones, por ejemplo, se actualizan de forma automática con el factor de sostenibilidad y eso se respeta con la nueva ley. El espíritu de la norma es el de intentar superar al IPC como principal referencia para actualizar una renta, un contrato o un precio público. España tiene una inflación más elevada históricamente que el resto de países vecinos y el Ejecutivo se lo achaca a la espiral que conforma la subida de los precios con la subida de los salarios. Como el ejecutivo no puede imponer qué referencia se ponen en contratos privados, acota el efecto de la ley al espacio público con una pequeña excepción: un tope en los costes atribuibles a la mano de obra que regulará en una segunda derivada la negociación colectiva en algunos sectores, especialmente en el de la construcción. En 2016 la subida salarial pactada para los funcionarios fue del 1%. De haber estado en vigor esta ley, una empresa no hubiera podido aducir que sus costes salariales han subido un 2% en ese ejercicio para actualizar su contrato. En este caso, el 1% es el tope a aplicar. No hay prohibición, por tanto, de que la empresa ligue al IPC la subida de las retribuciones de su plantilla. Pero sí de que no traslade a un contrato público este encarecimiento de la mano de obra. Esta excepcionalidad ya estaba recogida en el borrador que se elevó hace ya más de un año a consultas y que tiene en pie de guerra a los sindicatos, que entienden que es una  injerencia en la negociación colectiva al impedir a las empresas fijar sus propias subidas salariales. El Consejo Económico y Social (CES), uno de los principales órganos consultivos del Estado, fue especialmente duro con este criterio, ya que entiende que la formación de salarios en el sector público y en las empresas privadas no está motivada por las mismas cuestiones ni puede ser pactada con los mismos parámetros.
Lo tenemos claro, no tienen mayoría absoluta, pero actúan como si la tuvieran. Cuando se presentó a la investidura  el actual Presidente de Gobierno, unos por apoyarlos con su voto y otros por consentirlo con su abstención, nos han metido en este barrisal, hubiera sido más coherente haber tenido nuevas elecciones, no nos llamemos a engaños, para que funcione España este gobierno nunca debería de haber existido.

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