Se nos sigue
asustando con que el Tesoro Público nuevamente en el año 2018 tiene que hacer
un préstamo de 15.000 millones de Euros a la Seguridad Social para hacer frente
al pago de las pensiones. Recordando que ya hiciera otro de 10.100 millones de
euros en el 2017 para hacer frente a la paga extra, y que en el Fondo de
Reserva únicamente quedan 8.000 millones por lo que no llegarían. Todo esto es
humo, un humo creado por el capitalismo y por la incapacidad y despropósito del
Gobierno de cambiar sus políticas, políticas que siguen el camino marcado en
1994 por el Banco Mundial. Haciéndonos creer que nuestro sistema no es
sostenible y que únicamente debido al desempleo de los últimos años y la bajada
de las cotizaciones hacen que la Seguridad Social se encuentre en números
rojos. Tenemos que recordar que nuestro
sistema se caracteriza porque los actuales trabajadores abonan las pensiones
actuales, y lo que sobraba “teóricamente” pasaba al Fondo de Reserva. El
Sistema de Seguridad Social solo tenía que abonar las Pensiones Contributivas,
siendo las asistenciales o no contributivas y los Complementos a Mínimos a
cargo de los Presupuestos Generales del Estado, acordado por el Pacto de Toledo
en 1995. Pero esto no ha sido así. Se
cuantifica por un Informe de la Intervención General de la Seguridad Social (órgano
gestor contable del organismo) que entre los años 1990-2012 las arcas de la
Seguridad Social financió los complementos a mínimos, responsabilidad de los
Presupuestos Generales del Estado en 72.371, 5 millones de Euros. Todos los
gastos corrientes de bienes, servicios, y nóminas que se generan en una
Administración siempre van a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, a
“excepción” de los derivados de la Seguridad Social. En el 2011, el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) desvía 14.000 millones de euros de
cotizaciones sociales para otros compromisos. 14.000 millones que nunca se
devuelven al Fondo de Reserva. Además, de no mencionar por parte del Gobierno
nunca , que desde 2008 la SS fue un “ente financiero” de las empresas en
crisis, sirvió para mantener operativas empresas con dificultades de solvencia,
con aplazamientos da recaudación de las cuotas (empresas en concurso de
acreedores, insolventes…) convirtiéndose en un mecanismo de financiamiento,
sirviendo para mantener la liquidez necesaria en las empresas y amortiguar las
dificultades económicas de buena parte de las mismas, esto tanto en los
gobiernos de PSOE como PP. En el 2012 el Partido Popular, no solo no para esas
políticas sino que las incrementa indiscriminadamente haciendo uso de las
cotizaciones sociales para:
Medidas de estímulo a
la contratación, el gobierno lleva a cabo bonificaciones en las cotizaciones
empresariales. Solo en el 2016 la SS dejó de ingresar 2.100 millones por
reducciones directas de cotización que no fueron compensadas por el Estado y la
cantidad supera en 500 millones a la del 2015. Como se conoce la tasa de paro no
se modificó lo que demuestra que no sirvió para conseguir su fin que era la
incentivación a la contratación, pero si seguir reduciendo los ingresos de la
SS.
Y otros como por
ejemplo las compensaciones a los afectados por el terremoto de Lorca, víctimas
de incendios u otras catástrofes naturales… otros fines que nada tienen que ver
con abonar prestaciones contributivas de la Seguridad Social.
Si los Gobiernos de
turno, no hubieran hecho un mal uso del dinero procedente de las cotizaciones
sociales podríamos estar hablando de que el Fondo de Reserva tendría que tener
alredor de medio billón de € y no los 8.095 millones actuales.
El Estado, los
Presupuestos Generales del Estado y el Ministerio de Hacienda no están haciendo
un préstamo a la Seguridad Social para hacer frente a sus pensiones. Están a
devolver unas cuantías que ya pertenecían por derecho al propio Sistema de
Seguridad Social.
La Seguridad Social, no solo es sostenible sino
que además es el mayor pilar del Estado de Bienestar, y que reformas como las
del 2011 y 2013 ponen en gran riesgo y perjudican mayoritariamente a todas las
generaciones que en un futuro próximo o más lejano tengan la necesidad y/o el
derecho de acceder a alguna de las prestaciones del sistema.
En un país donde el
empobrecimiento de la mayoría es cada vez mayor, donde los servicios públicos
son cada vez de peor calidad, debido a la infrafinanciación de dichos
servicios, donde la gente muere esperando las ayudas de dependencia, donde los
pensionistas pierden capacidad económica año tras año, donde la empresas
energéticas hacen negocio de las necesidades de la gente, y como contrapeso,
tenemos infinidad de casos de corrupción, donde se regala a la banca sesenta
mil millones de euros, donde las élites políticas y económicas se reparten
pingües beneficios a costa de sembrar miseria, donde el partido que gobierna
está acusado de financiación ilegal y un Presidente del Gobierno acusado de
cobrar dinero “en negro”, es evidente que los ciudadanos corrientes no pueden
estar muy contentos de cómo son redistribuidos sus tributos. El coste de la
corrupción es de 90.000 millones de euros al año según la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, nos podemos imaginar cuantos recortes hubieran
sido necesarios si el Estado hubiera contado con 90.000 millones más en su
presupuesto cada año, ninguno. Los recortes en sanidad, educación, recortes
laborales, etc., hubieran sido innecesarios, las arcas estarían saneadas, pero
claro, algunos serían un poquito menos ricos.
Todos los días oímos
decir a nuestros gobernantes que España es un gran país. Llevan razón en
eso, pero, ay, la riqueza del gran país está en manos de los ricos y de sus señorías
sirvientes. Los demás sobrevivimos o malvivimos sin que nadie meta mano a sus
paraísos fiscales, impida sus amnistías fiscales, impida su corrupción y
recupere todo ese dinero que no pretenden devolvernos. Con eso seríamos un gran
país de verdad, los banqueros españoles nos deben y no nos devuelven por la
cara y sin que se les obligue por el gobierno que les prestó en nombre de los
españoles, la friolera de casi 43 mil millones, ayuda que se nos impuso para
sacarles de su crisis a cambio de la nuestra.
Se confirma que la
inversión pública en Sanidad del año próximo bajará por primera vez del 6% del
PIB. Deberá conformarse con un 5,8% de la riqueza nacional. También Educación
sufrirá recortes y una partida que bate mínimo histórico a la baja: pasará del
4% de este año al 3,8%.
Con el Plan
Presupuestario para 2018 que el Ministerio de Hacienda ha enviado a Bruselas el
Gobierno ratifica las previsiones conocidas la pasada primavera con la
actualización del programa de estabilidad 2017-2020. Sin embargo, las
previsiones para Sanidad y Educación se cumplieron ligeramente a la alta en
2017 y no llegaron a descender de las líneas simbólicas del 6% y el 4% de gasto
sobre el PIB.
España destinó a su
sistema público de sanidad un 6,47% del PIB en 2011. Desde entonces el peso de
la partida no ha hecho sino reducirse, y el plan de estabilidad de mayo
proyectaba más disminución progresiva hasta el 5,57% en 2020.
La Educación, por su
parte, contaba al inicio de esta década con el 4,4% de la riqueza nacional,
frente al 3,8% previsto para el próximo año y a la previsión del 2020, que baja
hasta el 3,67%.
Quebrar el sistema
público de Seguridad Social tiene un objetivo para nada escondido:
mercantilizar y entregar a los mercados privados (banqueros y aseguradoras) el
45% de la partida del gasto social que actualmente se dedica a las pensiones
públicas. Los privilegiados: mercados, empresarios, ejecutivos, capital, se
desligan de la obligación de cumplir con el principio de solidaridad, no
contribuyendo a la caja común por medio de mecanismos de elusión fiscal que el
sistema “legal” les permite.
El empobrecimiento de
las personas pensionistas actuales (9 millones de pensiones) se refleja en que,
más de 5 millones perciben una pensión menor del SMI, y con la NO subida de las
pensiones según el coste de vida -cuando no la congelación- y la bajada en
origen de la pensión para todas las personas que se jubilen a partir del 2019,
nos encontraremos en un futuro-presente donde la desigualdad y el
empobrecimiento serán las señas de identidad para la mayoría de la población.
Ya es hora que el
pueblo español despierte, no creyéndose para nada las mentiras de este
gobierno.
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