Los electores acuden a las convocatorias locales y autonómicas más atentos a las personas que concurren a los cargos públicos que a los partidos políticos en que aquellas militan, y más pendientes de la calidad del pavimento de las calles, la puntualidad en la recogida de basuras o la disponibilidad de aparcamientos que de los grandes principios ideológicos que separan a derechas e izquierdas del mapa político. Pero las elecciones autonómicas y municipales del próximo 22 de mayo se celebrarán en un escenario que no es ni boyante ni estable, y posiblemente muchos electores dejarán a un lado aceras, contenedores y parquímetros para pronunciarse, a modo de referendo o elecciones de medio mandato, acerca de la catastrófica situación económica y política nacional.
Con un 20% de la población bajo el umbral de la pobreza, casi cinco millones de desempleados, servicios públicos entre los peor financiados de Europa y derechos sociales y laborales en constante retroceso, el creciente malestar ciudadano sigue siendo apenas un rumor de fondo, casi siempre desorientado y amorfo, huérfano de toda expresión política y cultural organizada que pudiese poner en cuestión los intereses y las estrategias de la gran aristocracia corporativa.
Benicarlo es una de esas ciudades que los votantes dejaran al lado, las volumetrías del urbanismo, las recogidas de las basuras, aceras y demás pavimento urbano, para centrarse en una alternativa real de gestión municipal a favor de los ciudadanos menos favorecidos, donde el nuevo consistorio sea capaz de crear una empresa municipal de trabajo que den trabajo a nuestros parados sean de la nacionalidad que sean, Constitución de un programa de ayudas al autoempleo y cooperativas obreras. Medidas activas en materia de financiación, exención de impuestos y tasas, formación, apoyo técnico y legal, etc., que permita a las personas desocupadas emprender proyectos gestionados colectivamente y recuperar instalaciones abandonadas por el capital, vivienda de alquiler social, creando una empresa municipal de alquiler, donde el ayuntamiento ofrezcan a los ciudadanos unas viviendas dignas y a los propietarios una garantía de mantenimiento. No es posible defender el derecho a una vivienda digna para los sectores populares y agradar al mismo tiempo a promotores, constructores y especuladores que se enriquecen y benefician con las necesidades de la mayoría. No es posible defender el pequeño comercio y favorecer, a la vez, la instalación de grandes superficies comerciales que uniforman el consumo y supedita el ocio y la cultura al beneficio privado. Revertir a manos municipales todas las empresas y servicios públicos privatizados. Esto sería realmente un ayuntamiento del pueblo y por el pueblo, no lo existente hoy en día
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