DESAHUCIOS

Kutxabank, el banco surgido de la fusión de las cajas de ahorro vascas BBK, Kutxa y Vital, ha anunciado esta tarde que suspenderá “de forma inmediata” todos los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre primeras viviendas hasta que se conozca la nueva regulación en la materia. Las entidades de ahorro Caja Laboral e Ipar Kutxa, recién integradas, han informado este sábado de que “no han activado en la actual situación de crisis ningún proceso de desahucio traumático a familias”. La decisión de Kutxabank de paralizar las ejecuciones hipotecarias se ha producido un día después de que Amaia Egaña, una vecina de Barakaldo de 53 años, se suicidara en esta localidad vizcaína al tirarse por el balcón de su vivienda momentos antes de que le notificaran que iba a ser desahuciada. España no va a ser una excepción sino que se sumará a la ya larga lista de países en donde las políticas de ajuste neoliberal han matado a miles de personas. Las leyes, el poder judicial, conceptos que prueban el principio de la elasticidad infinita (ya que cuando conviene se dictan y reforman de manera rápida y, cuando no conviene, se eternizan inamovibles y ni siquiera se cuestionan) son cómplices de cada desahucio, de cada suicidio, de cada lagrima que vierten las familias desahuciadas. Y lo son por acción, en cierto modo, y por omisión, en demasiadas ocasiones. Jueces para la democracia, a través de su portavoz llama, ahora, tras el último suicidio, a que los jueces" suspendan automáticamente todos los desahucios" que tengan previsto ejecutar próximamente, por "estar en cuestión" en Europa la legalidad de la normativa que los regula.

El portavoz europeo explica que hay "dudas razonables" sobre la "legalidad" de la legislación española relativa a los desalojos puestas encima de la mesa por Europa, que en el plazo de dos o tres meses dictará sentencia acerca de la cuestión. Cierto es que los magistrados se enfrentan irremediablemente desde hace tiempo a sentencias de desahucios y que no pueden negarse a “aplicar” una ley que data de 1861, la Ley hipotecaria, para lo que, creo entender, buscarán interpretaciones, en la medida de lo posible “creativas”. Aplicar la ley no les exime de levantar la voz, como ahora por fin han hecho, y utilizar su poder social, innegable y en muchos casos excesivo y discutible, para detener la masacre social que supone la usura de la maquina social, de los tentáculos capitalistas que nos mecen, cuando conviene, como a un bebé en su cuna y, cuando nos tiene en su poder, nos zarandea como un monstruo antes de devorarnos. Las leyes, empuñadas muchas, muchísimas veces, como armas que hieren más a los más desprotegidos, hacen distinción y son cómplices de la injusticia intolerable de los desahucios: las víctimas de los desahucios, una vez pasada la época de golpecito en el hombro y sonrisas (la etapa previa en la que los bancos les endosan el crédito para un piso, se aseguran los beneficios, pase lo que pase, y se frotan las manos, mientras esperan los impagos) son víctimas en un callejón sin salida. Son, legalmente, inferiores en consideración que una empresa: merecen menos ayuda, menos trámites, menos facilidades para resolver su problema. A las empresas, fuentes de beneficios para la máquina del poder y el estado, no se les engaña más que lo justo (podrían reaccionar enfadadas). Una muestra es el siguiente texto, que aparece en una página de información oficial: “La vida de las empresas está sujeta a un gran número de variables internas y sobre todo externas, como los cambios en las tendencias de los mercados, períodos de inflación/pérdida de poder adquisitivo, o crisis nacionales o globales, circunstancias todas que pueden provocar momentos de dificultad financiera. Resulta por tanto muy importante que las empresas se muestren prevenidas ante tal eventualidad. El marco legislativo español contempla una serie de medidas tendentes a apoyar y facilitar la vida de las empresas que atraviesan por momentos de dificultad, como aplazamiento de deudas ante los organismos públicos, posibilidad de suscribir seguros de crédito, aceleración del cobro de deudas a través del proceso monitorio (Ley de enjuiciamiento civil), etc.”

Qué Estado es este?, ¿y este gobierno de que clase es? Pues se salta la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (con su cacareada defensa de la misma) en sus diferentes articulados, ya sea de trabajo, vivienda, sanidad, educación etc...  Hoy con los más de 400.000 desahucios ya practicados, Los “Partidos Políticos que han visto la Luz”. Y este estado que lo manejan  sinvergüenzas que dan por hecho que ante la desesperanza y la impotencia que sentimos pueden ultrapasar nuestra dignidad y creer que no vamos a reaccionar jamás, Han humillado a los habitantes de las Nacionalidades Ibéricas, el PUEBLO, hundido, humillado y apaleado por el gobierno y la banca no esta dispuesto a soportar un día más esta explotación.