La
derecha mediática presenta esta iniciativa legal como una suma de
rectificaciones y actualizaciones de una regulación “deficitaria”
del derecho de manifestación (que favorecería el “vandalismo” o
el “in-civismo”), es tarea de la izquierda mostrar cómo detrás
de esta intervención lo que se pone en jaque es la libertad de
organizar y participar en acciones de protesta sin convertirse en
objeto de una vigilancia permanente y un castigo siempre latente,
sustraídos ellos mismos de cualquier control público.
sana
tarea de administración de los límites para garantizar la
“normalidad democrática”, esta nueva regulación autoriza el uso
discrecional de las fuerzas policiales y la limitación autoritaria
del derecho de reunión y manifestación. No sólo cabe sospechar esa
presunta “normalidad”, demasiado próxima a la regularidad del
abuso. Lo relevante en ese contexto es la representación de la
protesta como una “amenaza a la paz social”. El correlato de esa
representación es concebir el orden público como un cementerio en
el que no hay posibilidad de discrepancia. Construir esa discrepancia
como “atentado” es la violencia misma de un sistema político que
rebasa las fronteras nacionales: sanciona la censura ideológica como
procedimiento de una democracia tutelada por los poderes
económico-financieros internacionales más concentrados.
Estos no demuestra que sus
políticas de ajuste perpetuo vienen generando desde entonces. Todo
indica que en los próximos años no habrá cambio de dirección: la
oligarquía gobernante continuará con sus prácticas de saqueo
privado y estrangulamiento público, apadrinando el enriquecimiento
ilícito de las clases dominantes y el empobrecimiento generalizado
de las clases subalterna.
El
endurecimiento de las leyes jurídicas en España es síntoma de una
transformación política mucho más vasta. La restricción
globalizada de las libertades ciudadanas, sea bajo el pretexto de la
lucha contra el Terror o de la defensa del Orden, continúa su curso
totalitario. El umbral que estamos atravesando no parece uno más
entre tantos. La pesadilla de una sociedad administrada -proyectada
en una pantalla de plasma en la que hablan personajes inapelables-,
tanto más consistencia adquiere cuanto más teme el espectro de una
revuelta. En particular, esa pesadilla se hace más vívida cuando lo
fáctico se convierte en ley, el abuso de autoridad como práctica
normalizada y la conversión del abuso en norma legalmente
sancionada.
La
democracia tal como esta hoy instaurada en España esta
totalmente devaluada,
se hace manifiesta como inversión suprema: la violencia es
proclamada como derecho. Invocando la razón de estado (cada vez más,
la razón de mercado) la irracionalidad de la injusticia no hace sino
expandirse.
GREGORIO
PECES-BARBA MARTÍNEZ,
cuando era presidente del congreso le hace un comentario a José
María Ruiz-Gallardón
(padre del actual ministro de justicia), De estos vu el hombre de
confianza de Fraga en temas de Derecho. "Con lo conservador que
eres, cómo te dejas explotar por Fraga". La respuesta fue la
siguiente: "¿Conservador yo?, tenías que conocer a mi hijo
Alberto. Ese sí que es de derechas". De estos vientos nos
vienen estas tempestades. Si partes de los que votaron al Partido
Popular, hubieran visto las penalidades que nos han venido encima, no
le habrían dado su apoyo.
La
prueba mayor de ignorancia es la afirmación reiterada por jueces y
diligentes políticos del PP y de su Gobierno y, cómo no, de su
ministro Gallardón de que hay que despolitizar la justicia, lo que
supone un sinsentido mayúsculo. Un poder del Estado nunca podrá ser
apolítico y quienes lo sostienen son unos necios y unos ignorantes.
Los que tienen que ser neutrales son los jueces al administrar
justicia. Ni siquiera a ellos se les puede pedir que sean apolíticos,
porque sería pedirles que no sean seres humanos.
La
lucha contra esta sin razón, no
depende de la espontaneidad de los movimientos sino de la
construcción de un proyecto colectivo de otro signo político.
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