Kutxabank,
el banco surgido de la fusión de las cajas de ahorro vascas BBK, Kutxa y Vital,
ha anunciado esta tarde que suspenderá “de forma inmediata” todos los
procedimientos de ejecución hipotecaria sobre primeras viviendas hasta que se
conozca la nueva regulación en la materia. Las entidades de ahorro Caja Laboral
e Ipar Kutxa, recién integradas, han informado este sábado de que “no han
activado en la actual situación de crisis ningún proceso de desahucio
traumático a familias”. La decisión de Kutxabank de paralizar las ejecuciones
hipotecarias se ha producido un día después de que Amaia Egaña, una vecina de
Barakaldo de 53 años, se suicidara en esta localidad vizcaína al tirarse por el
balcón de su vivienda momentos antes de que le notificaran que iba a ser
desahuciada. España no va a ser una excepción sino que se sumará a la ya larga
lista de países en donde las políticas de ajuste neoliberal han matado a miles
de personas. Las leyes, el poder judicial, conceptos que prueban el principio
de la elasticidad infinita (ya que cuando conviene se dictan y reforman de
manera rápida y, cuando no conviene, se eternizan inamovibles y ni siquiera se
cuestionan) son cómplices de cada desahucio, de cada suicidio, de cada lagrima
que vierten las familias desahuciadas. Y lo son por acción, en cierto modo, y
por omisión, en demasiadas ocasiones. Jueces para la democracia, a través de su
portavoz llama, ahora, tras el último suicidio, a que los jueces"
suspendan automáticamente todos los desahucios" que tengan previsto
ejecutar próximamente, por "estar en cuestión" en Europa la legalidad
de la normativa que los regula.
El
portavoz europeo explica que hay "dudas razonables" sobre la
"legalidad" de la legislación española relativa a los desalojos
puestas encima de la mesa por Europa, que en el plazo de dos o tres meses
dictará sentencia acerca de la cuestión. Cierto es que los magistrados se
enfrentan irremediablemente desde hace tiempo a sentencias de desahucios y que
no pueden negarse a “aplicar” una ley que data de 1861, la Ley hipotecaria,
para lo que, creo entender, buscarán interpretaciones, en la medida de lo
posible “creativas”. Aplicar la ley no les exime de levantar la voz, como ahora
por fin han hecho, y utilizar su poder social, innegable y en muchos casos
excesivo y discutible, para detener la masacre social que supone la usura de la
maquina social, de los tentáculos capitalistas que nos mecen, cuando conviene,
como a un bebé en su cuna y, cuando nos tiene en su poder, nos zarandea como un
monstruo antes de devorarnos. Las leyes, empuñadas muchas, muchísimas veces,
como armas que hieren más a los más desprotegidos, hacen distinción y son
cómplices de la injusticia intolerable de los desahucios: las víctimas de los
desahucios, una vez pasada la época de golpecito en el hombro y sonrisas (la
etapa previa en la que los bancos les endosan el crédito para un piso, se
aseguran los beneficios, pase lo que pase, y se frotan las manos, mientras
esperan los impagos) son víctimas en un callejón sin salida. Son, legalmente,
inferiores en consideración que una empresa: merecen menos ayuda, menos
trámites, menos facilidades para resolver su problema. A las empresas, fuentes
de beneficios para la máquina del poder y el estado, no se les engaña más que
lo justo (podrían reaccionar enfadadas). Una muestra es el siguiente texto, que
aparece en una página de información oficial: “La vida de las empresas está
sujeta a un gran número de variables internas y sobre todo externas, como los
cambios en las tendencias de los mercados, períodos de inflación/pérdida de
poder adquisitivo, o crisis nacionales o globales, circunstancias todas que
pueden provocar momentos de dificultad financiera. Resulta por tanto muy
importante que las empresas se muestren prevenidas ante tal eventualidad. El
marco legislativo español contempla una serie de medidas tendentes a apoyar y
facilitar la vida de las empresas que atraviesan por momentos de dificultad,
como aplazamiento de deudas ante los organismos públicos, posibilidad de
suscribir seguros de crédito, aceleración del cobro de deudas a través del
proceso monitorio (Ley de enjuiciamiento civil), etc.”
Qué
Estado es este?, ¿y este gobierno de que clase es? Pues se salta la
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (con su cacareada defensa de la misma) en sus diferentes
articulados, ya sea de trabajo, vivienda, sanidad, educación etc... Hoy con los más de 400.000 desahucios ya
practicados, Los “Partidos Políticos que han visto la Luz”. Y este estado que
lo manejan sinvergüenzas que dan por
hecho que ante la desesperanza y la impotencia que sentimos pueden ultrapasar
nuestra dignidad y creer que no vamos a reaccionar jamás, Han humillado a los
habitantes de las Nacionalidades Ibéricas, el PUEBLO, hundido, humillado y
apaleado por el gobierno y la banca no esta dispuesto a soportar un día más esta
explotación.