Hablar
a la ligera de “elección directa” para hacer ejecutiva la lista
minoritariamente más votada, en un sistema político proporcional,
donde además es olímpicamente in-elegido el máximo representante
del Estado, con carácter vitalicio y hereditario, es una broma de
mal gusto que revela a las claras la patología de la democracia
existente.
El
resultado de las elecciones europeas del 25M ha hecho saltar todas
las alarmas. Por primera vez desde el inicio de la transición, los
dos partidos pilares del sistema, conservadores y socialdemócratas,
no alcanzan a representar a la mitad del electorado. Su legitimidad
está en entredicho. De ahí la ristra de abdicaciones, coronaciones
y apresurados recambios entre las estructuras que soportan el statu
quo. Todos los indicadores señalan que lo peor para quienes durante
estos últimos 36 años han detentado la hegemonía puede estar por
llegar. El miedo se masca en los altos despachos del régimen. Y si
sus fechorías no lo remedían, el 2015 pronostica su San Martín.
La
apresurada modificación de la Ley Electoral y la Ley de Bases de
Régimen Local a punto de perpetrar por el ejecutivo para que en los
ayuntamientos y autonomías gobierne la lista más votada. De esta
manera creen poder evitar que la suma de las formaciones políticas
de base, surgidas al calor de los movimientos sociales y el activismo
ciudadano, arrase en los próximos comicios locales y autonómicos,
como ya advierten varios sondeos, públicos y clandestinos.
Una
victoria sobre del duopolio dinástico imperante en las ciudades
arrojaría una foto muy parecida al resultado del 14 de abril de
1931, cuando España se acostó monárquica y se levantó
republicana. Esa es la prima de riesgo que el poder vigente no está
dispuesto a pagar. Primar a la lista más votada permitiría
monopolizar ayuntamientos por partidos políticos que no cuentan con
más de un 30 por 100 del electorado, el ratio promedio obtenido en
las últimas elecciones para los dos partidos del duopolio dinástico.
El
apaño, aparte de su evidente oportunismo, no deja de tener aristas
difíciles de vadear. Salvo que semejante condensación del
escrutinio lleve además aparejado una abusiva redistribución de los
escaños en la misma dirección, haciendo de las elecciones una
especie de monopoly en el que el ganador se lo lleva todo. Porque
existe el problema de la moción de censura, que forma parte de las
prácticas parlamentarias indeclinables. Gracias a esa herramienta a
disposición de los grupos minoritarios en la oposición, en las
cámaras se evitan tentaciones totalitarias o despóticas que hagan
de la gestión gubernamental un ordeno y mando.
Ellos
quieren que la participación institucional de la disidencia, desde
arriba y en vertical, suponga la integración ex post en el sistema.
La ciudadania por
el contrario, debe superar el ámbito de la simple anomalía y poner
los medios que para que la movilización, desde abajo y en
horizontal, entrañe la ruptura con el “statu quo”. Una simple
ecuación de medios y fines. De ética política y de prácticas
democráticas.
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