En
estos tiempos, en los que el trabajo está fallando, en los que el
sistema de distribución de la renta se está desmoronando, creo que
es hora de arremeter contra ese concepto y las ideologías que lo
sustentan, cantando las alabanzas del trabajo como si fuera una
actividad más humana e importante que cualquier otra.
El
discurso
económico capitalista acaba siendo, en gran medida, una forma de
hurtar a las personas su legitimidad a pedir derechos, a exigir
justicia. Para ello, algunos lobbies y partidos y los grandes poderes
económicos utilizan previsiones teóricas enfundadas en trajes
matemáticos, pero profundamente condicionadas ideológicamente, que
siempre dirán que el reconocimiento de derechos efectivos, o las
limitaciones a los señoríos propietarios o privilegiados (como el
privilegio de monedaje concedido a los bancos), o la protección de
valores jurídicos que no sean el dominio individual incondicionado
sobre los bienes (como la regulación de protección del medio
ambiente), provocarán un colapso económico por un gasto
insostenible para empresas, inversores o Estado. Afirmarán, como
mínimo, que estas políticas provocarán que los propietarios dejen
de permitir que se usen sus propiedades de capital y se las lleven
porque no obtienen un rendimiento adecuado.
En
el caso de las pensiones los informes defectuosos o poco rigurosos se
han sucedido durante décadas desde los lobbies bancarios. Las
previsiones de estos informes se incumplían una y otra vez, pero
cada poco se publicaban nuevas previsiones para convencer a la gente
de que no podían exigir su derecho constitucional a una pensión
pública, que era inviable. Con esta táctica machacona, el sentido
común se fue pervirtiendo hasta que finalmente este gobierno, que se
ha dedicado a regalar lo colectivo a los poderes económicos que lo
financian, se atrevió a dar el paso en un momento de shock y,
escudándose en uno de estos informes, asestó un duro golpe
al
derecho a la jubilación de millones de personas.
Me
extraña y al mismo tiempo me sorprende que aquellos que tienen a
todas horas en su boca la Constitución Española, la desconocen o no
la quieren aplicar, sobre todo en cuanto se refiere a las pensiones.
Nadie habla de que las pensiones públicas adecuadas son un deber de
los poderes públicos impuesto por el artículo 50 de la Constitución
“los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas
y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad”. Sorprende ver a esos políticos
que han insultado a los concejales de los partidos del cambio porque
juraron o prometieron la Constitución afirmando su intención de
revisarla (cosa que está prevista en la Constitución, y por tanto
no es contrario a ella), atacar tan alegremente sus deberes impuestos
por la Constitución y advertir constantemente a todos los españoles
de que no van a cumplir esas obligaciones. Nadie dice: vamos a
anular la justicia porque cuesta muy cara, o habrá sistema judicial
tan solo si la situación lo permite. No. Nadie dice, como la
protección de la libertad de expresión es muy cara, o el derecho a
una nacionalidad es muy caro, tan solo los protegeremos y
reconoceremos cuando haya disponibilidad presupuestaria. No se trata
de esto. Los derechos no se debaten económicamente, en torno a
supuestas disponibilidades de dinero, sino que se debaten en torno a
la justicia y a la dignidad humana que desarrollan. Las pensiones son
todo un derecho para el pueblo español, no es una mercancia donde
el capitalista puede especular con ellas. El sistema económico está
funcionando muy bien como modo de producir capital pero no como
manera de distribuir la renta. Todavía es útil para disciplinar a
la gente y para cargar de responsabilidades a aquellos que están
excluidos del trabajo, a los que culpa de falta de esfuerzo o de
iniciativa, descargando en estas personas las responsabilidades de
los capitalistas, pues su alternativas es poder tener mano de obra
barata ya sea de personas en activo o pensionistas con pensiones
miserables, lease Alemania o los Mini -Job. Ò mañana en en todas
las nacionalidades Ibericas si seguimos teniendo estos ineptos del
gobierno aunque sea en funciones.
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